obras de rehabilitación de la torre mocha del recinto fortificado de Alcalá de Guadaíra (C-2025/041)

Las empresas licitadoras se comprometen a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato como mínimo, los medios siguientes para llevar a cabo la ejecución de toda la obra: a) Un Jefe/a de obra con titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Máster universitario en Arquitectura, o Grado en Arquitectura Técnica, o titulaciones equivalentes, que actuará como coordinadora general del equipo, y que deberá acreditar una experiencia mínima como jefe de obra en al menos 3 obras de restauración de inmuebles Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local, o catalogación equivalente, de al menos 4 meses de plazo de ejecución y 100.000 € de PEM en cada una de ellas b) Un Encargado/a, que no requiere titulación académica específica, pero con una experiencia mínima como encargado en al menos 3 obras de restauración de inmuebles Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local, o catalogación equivalente, de al menos 4 meses de plazo de ejecución y 100.000 € de PEM en cada una de ellas. En todos los casos, la experiencia profesional se acreditará en la forma indicada en el apartado I.2.2 del Anexo II del PCAP. Las titulaciones académicas serán acreditadas mediante la aportación de copia simple de la misma. La referida solvencia podrá suplirse por la posesión de la clasificación empresarial en el Grupo K, subgrupo 7, categoría 2.

Los licitadores deberán disponer de experiencia en la ejecución de un mínimo de dos obras realizadas en restauración de Bienes de Interés Cultural o recuperación de patrimonio arqueológico o catalogación equivalente, ejecutadas en los cinco últimos años y avaladas por certificados de buena ejecución, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del presupuesto de licitación. No obstante, la referida solvencia podrá suplirse por la posesión de la clasificación empresarial en el Grupo K, subgrupo 7, categoría 2. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, en el supuesto de resultar propuesto adjudicatario, las obras ejecutadas se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Dichos certificados serán expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Para las empresas de nueva creación, con una antigüedad inferior a 5 años, la citada solvencia técnica podrá justificarse mediante alguno de los medios descritos en los apartados b) a f) del art. 88.1 LCSP.

Los licitadores deberán disponer de un volumen anual de negocios, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos del 150 % del presupuesto de licitación. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará, en el supuesto de resultar propuesto adjudicatario, por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. No obstante, también podrá justificarse la citada solvencia económica o financiera, de acuerdo con la doctrina mantenida en la Resolución nº 635/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la nº 173/2020, del Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en interpretación del art. 86 LCSP, si no resulta posible a través de los documentos anteriores, o cuando se trate de una empresa de nueva creación por disponer de una antigüedad inferior a 5 años, mediante el compromiso de aportación de documentación alternativa, que el órgano de contratación considere suficiente). Con independencia de lo expuesto, cuando por una razón válida el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas anteriormente, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. La referida solvencia podrá ser sustituida por la disposición de la siguiente clasificación profesional: Grupo K, subgrupo 7, categoría 2.