Servicio consistente en la colaboración con la Intervención General para la realización de una Auditoría de Cuentas a realizar sobre los Organismos Autónomos, Consorcios, Entidades Públicas Empresariales y Fundaciones dependientes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, para el ejercicio 2026.

Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres (3) últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

A las empresas de nueva creación que tengan una antigüedad inferior a 5 años, contada desde la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, no le será exigible la acreditación de este medio de solvencia técnica o profesional, sino que deberán acreditar mediante declaración debidamente fechada y firmada por el licitador sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato, conforme a las determinaciones siguientes: se exigirá una plantilla media anual de una (1) persona como mínimo y un número de directivos (socios auditores) de al menos, uno (1) durante los tres últimos años.

En el caso de que el licitador no sea persona física o sociedad profesional, el volumen anual de negocios del licitador. -Se exige acreditar un volumen anual de negocios mínimo, sin incluir impuestos, en el año de mayor volumen de negocios de los tres citados, por importe de una vez y media el valor estimado de cada uno de los lotes en que se divide el objeto del contrato, siendo las cuantías resultantes las que se exponen seguidamente. -En las uniones temporales de empresas se contabilizarán las sumas del volumen anual de negocios de cada una de las empresas que la integran, de manera acumulativa.

Respecto de aquellos licitadores que sean personas físicas o sociedades profesionales, deberán acreditar la solvencia económica y financiera de acuerdo mediante justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales, cuyo importe 167 se aplicará en relación con cada uno de los lotes.